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LIDECO 40 / Calificación del concurso y consecuencias para los administradores de personas jurídicas en concurso


Como adelanto de algunos de los temas que se abordarán en la Conferencia del 5 de octubre en Sofitel (Rambla República de México s/n esquina Av. Arocena, comentamos los aspectos relativos a la responsabilidad de los administradores de las personas jurídicas en concurso.



La Ley de Concursos y Reorganización Empresarial 18.387 (LCRA) en su artículo 2º establece que la ley es aplicable a todas las personas jurídicas civiles o comerciales por lo que sus disposiciones son extensivas a todos los administradores de personas jurídicas que se concursen, sin importar cual sea su tipo social o si se trata de personas jurídicas de naturaleza civil o comercial. Estas normas son también aplicables a los directores de sociedades de intermediación financiera, que si bien tienen un proceso especial de liquidación, se les aplica el título de calificación del concurso .

La calificación será aplicable a todo proceso concursal, a menos que se cumplan acumulativamente las condiciones previstas en el artículo 213 de la ley 18.387: “1.- El concurso de acreedores fuera voluntario. 2.- El convenio aprobado permita la satisfacción íntegra de los créditos concursales en un plazo no superior a dos años o, en caso de liquidación, que de lo actuado resulte que el activo del deudor es suficiente para satisfacer su pasivo”.

La ley pretende generar uno de los incentivos para la tempestividad de la presentación de la solicitud del amparo concursal, por cuanto el deudor podrá evitar la calificación del concurso y sus consecuencias negativas si se presenta voluntariamente a solicitar su propio concurso cuando la marcha del negocio no está tan deteriorada que permite el pago del 100% del pasivo en un plazo no mayor a dos años o que el producido de la liquidación de los activos permita cancelar todo el pasivo.

Siguiendo el artículo 192 de la ley, el concurso se calificará como culpable si en la producción o agravamiento de la insolvencia existe dolo o culpa grave del deudor o de los administradores de las personas jurídicas.

La ley establece una serie de presunciones de culpabilidad, algunas absolutas y otras relativas consagradas en los artículos 193 y 194 de LCRE. Entre las presunciones relativas, la que tiene mayor importancia práctica es aquella que se configura con no solicitar en tiempo el amparo concursal, esto es dentro de los 30 días siguientes a que conoció o debió conocer la insolvencia.

Dentro de las presunciones absolutas la que ha tenido mayor relevancia práctica, es la que establece la responsabilidad porque en los dos años anteriores a la fecha de declaración del concurso de acreedores, los fondos o los bienes propios del deudor hubieran sido manifiestamente insuficientes o inadecuados para el ejercicio de la actividad o actividades a las que se hubiera dedicado. En muchos concursos se ha invocado esta presunción y los jueces la interpretan – a nuestro modo de ver correctamente – de modo estricto y con ello dan lugar a la condena.

La LCRE crea una figura nueva pero de gran aplicación práctica que son los cómplices: todos aquellos que actuando con dolo o culpa grave hubieren colaborado en la producción o agravamiento de la insolvencia .

El proceso de calificación se inicia con un llamado a interesados titulares de un interés legítimo, que puedan dar a conocer hechos relevantes para la calificación del concurso. Luego el síndico hará su informe que contendrá una propuesta de calificación del concurso, indicando si el mismo será culpable o fortuito y en caso que sea culpable, indicando las personas que son afectados y sus eventuales cómplices e indicando las causas de su propuesta.

La sentencia final de este proceso tiene gran importancia, por cuanto la misma puede considerar que el concurso ha sido culpable y como tal afectar a los administradores de las personas jurídicas, para lo cual la ley prevé sanciones.
La sentencia que declara la culpabilidad con la cual concluye la calificación tiene un contenido complejo que está determinado por el artículo 201 de la LCRE que establece que:

“Artículo 201. (Sentencia de calificación).- La sentencia que declare culpable al concurso tendrá el siguiente contenido:
1) La declaración del concurso como culpable, con expresión de la causa o de las causas en que se fundamente la calificación.
2) La determinación de las personas afectadas por la calificación, así como de las personas declaradas cómplices.
3) La inhabilitación del deudor o de los administradores o liquidadores, aun de hecho, y miembros del órgano de control interno de la persona jurídica deudora para administrar los bienes propios o ajenos por un período de cinco a veinte años, así como para representar a cualquier persona durante el mismo período. Las inhabilitaciones se inscribirán en el Registro Nacional de Actos Personales.
4) La pérdida de cualquier derecho que tuvieran los cómplices como acreedores concursales y la condena a reintegrar los bienes y derechos que pertenecieran a la masa activa, así como a indemnizar los daños y perjuicios causados, cuya cuantía se determinará en período de ejecución de sentencia.

En el caso de que el deudor cuyo concurso hubiera sido calificado como culpable fuese una persona jurídica, la sentencia de calificación podrá contener, además, la condena a los administradores y liquidadores, de derecho o de hecho, e integrantes del órgano de control interno, o a algunos de ellos, a la cobertura de la totalidad o parte del déficit patrimonial en beneficio de la masa pasiva.

Las disposiciones sobre calificación del concurso se establecen sin perjuicio de las normas penales que correspondiera aplicar, en caso de que alguno de los involucrados hubiera incurrido en conductas delictivas tipificadas por las referidas normas”.

La sentencia tiene que declarar culpable el concurso, pero además determinar las personas físicas afectadas por la calificación y sus cómplices. Debe contener además la inhabilitación de administrar bienes propios o ajenos por un período de 5 a 20 años y de representar a cualquier persona por idéntico período. También los cómplices son afectados en tanto pierden los derechos que pudieran tener en el concurso y pueden ser condenados a resarcir los daños y perjuicios causados.

Por otra parte, los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas y sus liquidadores o integrantes del órgano de control interno pueden ser condenados a cubrir la parte insatisfecha del pasivo concursal.

Esta disposición tiene una gran relevancia porque por un lado es una forma en la cual se puede afectar el patrimonio personal de los administradores. Se terminó aquella época en la cual una persona a lo largo de su vida comercial podía hacer varios concursos y no resultaba afectado su patrimonio. Hoy va a ser objeto de una calificación y no podrá escapar de ello por la mera vía de poner un testaferro por cuanto se califica a los administradores de hecho y de derecho. Ya tenemos casos jurisprudenciales que se ha condenado al administrador de hecho, dejando de lado la cobertura que le daba poner a otra persona – en general insolvente – al frente de su negocio.

Pero la responsabilidad no concluye allí, sino que la hace extensiva para los integrantes del órgano de control interno, por lo que los síndicos o integrantes de comisiones fiscales también pueden incurrir en estas responsabilidades. Es un hecho no menor y que sugerimos que sean debidamente analizado antes de aceptar un cargo de esa índole en una persona jurídica.

Este (responsabilidad de los administradores de personas jurídicas en concurso) y los demás temas que se abordarán en la Conferencia del 5 de octubre son relevantes y merecen mayor desarrollo: se recorrerán los aspectos relativos a las garantías de los créditos frente al concurso, la actuación de los acreedores en el proceso concursal y las precauciones para la firma de convenios.

Los convocamos a hacerse presentes en Sofitel a las 8:30 para compartir un exquisito café. A las 9:00 hs empezará puntualmente la Conferencia. Inicia el Dr. Eugenio Xavier de Mello (Presidente del Colegio de Abogados), a quien seguirá consecutivamente el Dr. Carlos López (Presidente del Colegio de Síndicos e Interventores), el Dr. Daniel martínez Vigil (integrante del Sector Jurídico de LIDECO), y el Dr. Fernando Cabrera (Responsable del Sector Jurídico de LIDECO).

Las inscripciones son sin costo, y pueden realizarse enviando un correo electrónico a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o llamando al 2908 16 36 * . Recuerden que los cupos son limitados. Los esperamos.-

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