La información comercial empresarial no es el único factor en juego en la dinámica de la economía, pero es sin duda un elemento vital. Desde 1915, no pocas han sido las iniciativas que LIDECO ha planteado ante los organismos públicos en procura de facilitar el acceso a la información comercial que permita respaldar la realización de negocios seguros.
03 de marzo de 2010
La información comercial empresarial no es el único factor en juego en la dinámica de la economía, pero es sin duda un elemento vital. Desde 1915, no pocas han sido las iniciativas que LIDECO ha planteado ante los organismos públicos en procura de facilitar el acceso a la información comercial que permita respaldar la realización de negocios seguros. En el mismo sentido hemos insistido siempre en sensibilizar al empresariado respecto a las ventajas de crear lo que hoy constituye nuestra :redlideco, la mayor base de datos comerciales empresariales del país. Hace 95 años sostenemos, por esfuerzo y convicción de nuestros asociados y funcionarios, una importante infraestructura puesta al servicio del empresariado en materia de información comercial, asesoramiento jurídico y representación en asuntos concursales y de morosidad.
En más de una oportunidad hemos compartido las vicisitudes camino a conquistar el acceso a diversas fuentes de información pública relacionada a la prevención del riesgo en los negocios. Camino que ha sido y sigue siendo trabajoso a pesar de contar a nuestro favor con la ley 16.002, la cual establece que los organismos estatales deberán proporcionar a Liga de Defensa Comercial la información que se les requiera para el cumplimiento de sus cometidos. Debemos reconocer la paradoja de que exista una ley que obligue a hacer disponible un dato, a la vez que la instrumentación de esa obligación no facilita el derecho de los ciudadanos a ejercer el poder de conocerlo. No solo tenemos derecho de recibir información, sino también de procurarla en forma eficaz. El ciudadano debe estar en condiciones de ejercer el poder de conocer la información pública, siempre dentro de los límites que impone la protección de los derechos individuales y de la seguridad general. Expresar una voluntad mediante una reglamentación pero hacer dificultosa su instrumentación, es, en el mejor de los casos, un contrasentido. El mismo contrasentido que encontramos cuando algunas empresas de nuestro medio se muestran ansiosas por acceder a la información de sus contrapartes pero se muestran reticentes a brindar la propia. No obstante ello, podemos decir con satisfacción que esas resistencias van cediendo y abriendo paso a la comprensión de los beneficios de una plaza comercial transparente y segura.
En los albores de nuestro 95 Aniversario, insistimos 1) en la necesidad de que se aceleren los procesos de sistematización de la información pública, y que se reduzcan los obstáculos para el acceso a la misma, y 2) en los esfuerzos por persuadir a las empresas respecto a los beneficios de crear cadenas de información que hagan más transparente la plaza y agreguen insumos de valor para: a) perfeccionar la toma de decisiones de negocios y b) reducir al mínimo posible la ocurrencia de fenómenos indeseados que repercuten negativamente en la economía y opacan las oportunidades de buenos negocios.
Hemos transitado instancias de tenaz argumentación a favor de la democratización del acceso a la información y de la creación de una cultura de información en las empresas. Asumimos la tarea con dedicación y desinterés: no tenemos fines de lucro. La austeridad de nuestros 95 años de trayectoria y la ausencia de dividendos a repartir son la principal garantía de nuestro compromiso con el interés colectivo y el bien común. Por ello continuamos insistiendo para que se consoliden los mecanismos de acceso y de volcado de información (por parte del Estado y de privados) en términos de veracidad, suficiencia y practicidad. Es nuestra tradición enfrentar desafíos en este sentido, los cuales implican mantener un esfuerzo negociador y argumentativo silencioso y costoso. Los beneficios de ello recaen luego en favor de toda la sociedad y está bien que así sea, nos reconocemos con esa misión social.
La colaboración entre el Estado y privados en esta materia, como en tantas otras, resulta esencial. Liga de Defensa Comercial asume, en función de su mandato estatutario, la tarea de “propiciar ante los Poderes Públicos la sanción de Leyes, Decretos o disposiciones útiles para el comercio, ya sea para facilitar su desenvolvimiento en el orden económico, o para asegurar sus transacciones, o favorecer, de cualquier modo sus intereses legítimos…”. En ese camino estamos desde 1915. Es trabajoso pero desafiante. Y lo más importante: estamos convencidos de que debemos transitarlo.-