De la fiscalización y cumplimiento a la colaboración estratégica.
El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (“LAFT”) constituyen fenómenos delictivos que desafían la capacidad de respuesta de los Estados y representan amenazas para la estabilidad del sistema financiero, la seguridad pública, el desarrollo económico y la confianza en las instituciones y en el estado de derecho. Los mecanismos para combatirlo son ineficientes y costosos. Mientras no se pase del modelo de fiscalización y cumplimiento al de colaboración estratégica, el sistema seguirá siendo vulnerable. Se requiere un cambio cultural urgente para lograr mayor efectividad, siendo el Estado el principal obligado a incentivar ese cambio.
El dato que sorprende.
Un estudio del Royal United Services Institute (RUSI) (1) que entrevistó a responsables de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), concluyó que pese al aumento de reportes de operaciones sospechosas (ROS), entre el 80% y 90% de los mismos no aportaban valor inmediato a las investigaciones de LA. También líderes del sector privado coincidieron entre el 85% y el 95%, en que la presentación de ROS no propicia la reducción del delito. Algunos estudios indican que se destina en el entorno de 200.000 millones de dólares anuales a la labor de cumplimiento, sin embargo, el LA y los delitos financieros siguen muy extendidos
En Uruguay, tomando datos desde 2014 a 2024, se llega a conclusiones muy similares. En los últimos 11 años la UIAF recibió 7433 ROS, de los cuales se generaron 124 casos de investigación (2), desconociéndose si alguno de ellos contribuyó a lograr alguna condena por lavado o decomiso. De los 964 ROS recibidos por la UIAF en 2024, solo el 2,28% se elevaron a la justicia. Esta baja de efectividad debería ser alarmante (Figura 1)
Figura 1: Ros recibidos vs Ros enviados a la justicia
Los esfuerzos del sector público tampoco han contribuido a mejorar la situación. Se desconoce si hubo por parte de los funcionarios del sector público ROS, que se hayan presentado en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 8 de la Ley 19.574.
La “percepción de riesgo” a la que se alude desde los supervisores respecto de algunos sectores privados, no se enfoca bajo el modelo en riesgo de lavado de activos, sino en riesgo de sanciones o deterioro de la reputación. Los esfuerzos para esta lucha requieren de un cambio en su marco conceptual. Si se suma el magro resultado en condenas y decomisos, se conforma un espiral que no estimula la generación de reportes.
El modelo de combate al LA en Uruguay inició su camino hace 28 años con la primera Ley de Lavado. Propone una expansiva regulación y supervisión selectiva, construida sobre el enfoque de riesgos, que resulta ineficiente. Se suman las debilidades que presentan la estructura y los propios operadores de la justicia penal para lograr rastrear activos, producir decomisos y condenar a los actores de estos delitos. Hemos construido una “industria de cumplimiento” gigantesca, costosa y burocrática que genera reportes, pero resultados operativos mínimos.
La información obtenida, analizada por los sujetos obligados (bancos, inmobiliarias, aduana), se encuentra fragmentada y mientras a partir de ella se intenta construir la "foto completa", la justicia llega tarde y con pocos insumos para condenar a los responsables. Es necesario un modelo colaborativo. Un sistema antilavado se torna eficiente cuando articula equilibradamente los subsistemas preventivo, de detección y represivo. La prevención exige sujetos obligados capacitados, procedimientos basados en riesgo, debida diligencia robusta, acceso a información pública disponible y buen feedback. La detección requiere una UIF con mayor autonomía, rápido acceso a la información disponible y capacidad analítica para transformar la información en informes de inteligencia financiera útiles a la justicia penal. La represión, demanda fiscales especializados, policías entrenados, jueces con comprensión del fenómeno y herramientas procesales adaptadas a la complejidad de los casos.
El impacto del lavado de activos: más allá del delito.
A nivel macroeconómico, uno de los efectos más visibles del LA es la distorsión de los flujos de capital por la inyección repentina de fondos ilícitos que pueden producir “burbujas” artificiales sectores como el mercado inmobiliario, impulsando al alza el precio de los bienes y afectando la capacidad competitiva de los actores legítimos del sector.
En la micro, el LA genera “competencia desleal” entre las empresas legítimas y las creadas a efecto de blanquear dinero. Por otra parte, las denominadas “empresas fachada” suelen ser estructuras temporales, que desaparecen una vez cumplido el propósito delictivo para el que se crearon.
El ingreso de fondos ilícitos compromete la credibilidad, integridad y estabilidad del sistema financiero, especialmente cuando las instituciones financieras —por acción u omisión— se convierten en canales para su movilización e integración al mercado.
Las jurisdicciones percibidas como de alto riesgo enfrentan mayores costos operativos para sus empresas locales, por el incremento de controles de debida diligencia de sus contrapartes internacionales, lo que deriva en pérdida de negocios o disminución de competitividad.
Uno de los efectos más nocivos del LA es su capacidad para ampliar los niveles de corrupción pública y privada. Las organizaciones criminales, pueden corromper a funcionarios públicos mediante sobornos, adquirir influencias o neutralizar controles. El resultado es un debilitamiento progresivo del aparato estatal que afecta la capacidad de control, fiscalización y aplicación de la ley. Si el crimen organizado ingresa en los partidos y en la actividad política de los Estados, se corren grandes riesgos de que el dinero ilegal financie campañas y se favorezca la actividad de los delincuentes que los financiaron.
El impacto más crítico se registra en materia de seguridad pública. El LA permite que las organizaciones criminales reinviertan sus ganancias ilícitas, profesionalicen sus estructuras y expandan sus operaciones, impactando en el aumento de los índices de criminalidad y de delitos vinculados con el crimen organizado (narcotráfico, sicariato, estafas, trata de personas y tráfico de armas). La evidencia internacional demuestra que las jurisdicciones permeables al LA presentan mayores índices de violencia y criminalidad organizada.
El punto de quiebre: del "reporte" a la "inteligencia colaborativa".
El sistema actual se basa en el "cumplimiento normativo" (cumplir para que no me multen). El sector privado envía Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y rara vez recibe feedback de lo reportado, imprescindible para mejorar la calidad de los ROS, compartir escenarios y palpar su contribución contra el delito.
Es necesario un ámbito de discusión que genere conocimiento y construya confianza entre organismos de aplicación de la ley y quienes deben cumplirla. El sector privado no debe verse como un "informante obligado" aislado, sino como un socio estratégico en la defensa de la integridad financiera.
En los últimos 10 años, se han incrementado las alianzas público-privadas con el objetivo de compartir información para combatir las finanzas ilícitas, más allá de las obligaciones de información habituales. Los países que han implementado estas alianzas han aumentado condenas y decomisos. Muchos organismos gubernamentales consideran que estas iniciativas son eficaces, dado el aumento en la calidad de información que se recopila, que requiere un manejo muy cuidadoso de la confidencialidad, de la protección de datos y de las tensiones entre intereses públicos y privados. Las ventajas y riesgos de estas asociaciones son tratadas por Carl Dolan y J. Bering en un estudio reciente .
Es deber del sector público impulsar la colaboración, intercambio de información y escuchar a los que “conocen el negocio” en un marco de confianza. Del sector privado, se espera una actitud responsable y comprometida que impulse iniciativas y comparta información certera y de valor. La efectividad no vendrá de leyes más duras, sino de redes más fuertes. Ahí es donde nos encontramos todos en el mismo barco. El LA es un problema de red que requiere una solución de red. O colaboramos, o seguimos simulando que controlamos y cumplimos.-
(1) Artingstall, D. y Maxwell, N. 2017. El Papel de las asociaciones de intercambio de inteligencia financiera en la disrupción del crimen, Royal United Servicees Institute (RUSI).
(2) Elaboración propia en base a la información obtenida a partir de las Memorias publicadas en cada año por parte de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay.
(3) Dolan C. y Bering J. 2025. Asociaciones público-privadas para el intercambio de información financiera. Bergen: Centro de Recursos Anticorrupción TI-U4, Chr.